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| Los motorizados volvieron con un documento en el que reclamaron “los vejámenes”, los nuevos controles impuestos por el FFM y requirieron para los consejos comunales los puestos de trabajo ocupados por “los foráneos”. Foto: Morelia Morillo |
Aquí, el FFM es una
especie de escuadrón moral. Sus paladines –escogidos foráneos con la idea de que
así no se contaminarían ante el objeto de sus luchas- llegaron a esta frontera hace
dos años con la misión de erradicar la corrupción existente en torno al
suministro del combustible. Como parte de “la fusión cívico militar”, el
Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) continuaron a cargo de las
tarjetas de control de los carburantes y de su chequeo –a contra placa- a las
puertas de las bombas locales.
Ataviados con gorras y
franelas rojas y henchidos de convicción revolucionaria, tomaron el control de
las bombas; por meses, disminuyeron de cinco horas a cinco minutos la espera en
las estaciones de servicio; poco más de 700 días después, resisten una lluvia
de acusaciones entre filas de carros. Los conductores aguardan 45 minutos en
promedio y, eventualmente, viven lo extraordinario: pasan directo al surtidor.
Aquí, los “talibanes” son los revendedores de combustible, un bien que en esta frontera cuesta entre uno a tres reales dependiendo del día y cada real entre cuatro a cinco bolívares. Antes, eran seres indeseables, gente que olía demasiado a gasolina; ahora, un “talibán” es siempre “un padre de familia” y, casi siempre, “un desempleado que, de alguna manera, debe ganarse la vida”, así es como se presentan.
Ya en el Concejo, en
la calle Urdaneta, los motorizados solicitaron un derecho de palabra para la
sesión del martes y se marcharon -haciendo rugir y pitar sus motos – hasta el
día siguiente.
Veinticuatro horas
después, volvieron con un documento en el que reclamaron “los vejámenes”, los
nuevos controles impuestos por el FFM y requirieron para los consejos comunales
los puestos de trabajo ocupados por “los foráneos”. Reclamaron por escrito e
hicieron uso de su derecho de palabra.
Al iniciarse agosto,
el Frente Francisco de Miranda instauró una nueva metodología para la atención
de los motorizados: empezaron a llevar el registro de acuerdo a los cuatro
últimos números del serial o vida y
no de la placa, a atender a cada moto un día sí y un día no, a recibirlos sólo en
la Estación Gran Sabana y los domingos servirles cinco litros y no el tanque
“full”.
Como argumentó, el FFM
explicó que se detectó que “algunos motorizados, no todos” acudían primero a la
Estación PDV, surtían y, después de retirarle la placa a su motocicleta, se
dirigían a la Estación Gran Sabana o viceversa, causando el caos e impactando
los excedentes de gasolina en la calle y, por tanto, los índices de
contrabando.
Antes de conocerse
esos nuevos controles, trascendió que “algunos motorizados” lograban surtir
hasta 10 y más veces por día: sacando o tapando la placa, cambiando de piloto,
usando lentes, dejándolos en casa, cambiando de gorra, portando sombrero, sin
casco o con él. Al final del día, según los favorecidos, lograban llenar un
tambor de 200 litros y embolsillarse, por lo menos, 1 000 bolívares.
Los concejales
sirvieron de intermediarios y el miércoles, a eso de las cinco de la tarde, el
comandante militar de la localidad acordó con los motorizados en conflicto que pueden
surtir en cualquiera de las dos estaciones, eso sí, de acuerdo al terminal del
serial y con un día de por medio; los domingos todos en la estación
correspondiente y llenar su tanque. Los concejales, además, prestaron las
instalaciones de la Cámara Municipal para censar a aquellos que se mueven sobre
dos ruedas y luego gestionarán el financiamiento para dotarlos de cascos.
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